La imposición de restricciones a la inversión local y extranjera no solo afecta el desarrollo económico de la ciudad, sino que también establece un precedente negativo para potenciales inversionistas y cadenas de comercialización interesadas en establecerse en Mar del Plata, limitando así las oportunidades para sus residentes.
Esta legislación, carente de sentido común y en contradicción con los valores de libertad de comercio e inversión, no solo afecta a los habitantes de Mar del Plata, sino también a aquellos que desean invertir en la ciudad, ya sea desde otras partes del país o del extranjero.
Esta restricción legislativa representa un obstáculo para el crecimiento de pymes y emprendedores locales que desean expandir sus operaciones y llegar a más clientes en la ciudad. Ejemplos como el de la Cooperativa Obrera, un emprendimiento destacado que invierte en varios puntos de la provincia de Buenos Aires y que genera empleo local, ilustran los efectos perjudiciales de esta legislación.
El impacto de estas restricciones se hace evidente en la situación de aquellos marplatenses que han buscado empleo en la nueva sucursal de la Cooperativa Obrera, enfrentándose a la desalentadora realidad de la falta de oportunidades laborales debido a una legislación obsoleta.
En una era de libertad económica, es responsabilidad del Estado crear condiciones propicias para la inversión privada. Es hora de dejar atrás las restricciones injustificadas que obstaculizan el progreso y el desarrollo económico de Mar del Plata, afectando a un vibrante ecosistema de emprendedores y pymes que constituyen el motor económico de la provincia de Buenos Aires.